Nos unimos a la preocupación del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de la Comunidad de Madrid ante la resolución de las subvenciones destinadas a la realización de programas para atender fines de interés social con cargo al 0,7% del IRPF.
La situación tiene su origen en el traspaso de competencias sobre la gestión de esta ayuda por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a las consejerías autonómicas, en este caso a la de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Como resultado, entidades que resultaron beneficiarias de la anterior convocatoria han quedado fuera este año.
Desde el CERMI consideran que el desconocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad por parte de la Administración Autonómica ha dejado fuera a muchas asociaciones dentro de la gestión de esta subvención. El resultado, se afirma desde el Comité, es el cierre de muchas entidades y programas que, en algunos casos desde hace 20 años, vienen prestando servicios esenciales para los madrileños.
Nos unimos a esta alerta en la que el CERMI prevé un empeoramiento de la situación sociosanitaria de miles de personas, también de las que conviven con enfermedades poco frecuentes. Una cifra que en la Comunidad de Madrid, se estima, suma alrededor de 400.000 personas, el 70% aproximadamente también con certificado de discapacidad, según el Estudio ENSERio.
Con ello, nos adherimos también a la propuesta del CERMI de solicitar un compromiso real por parte del gobierno autonómico para dar una respuesta a una situación impredecible en muchos casos y actuar con celeridad dado que puede peligrar la existencia de muchas entidades del Tercer Sector.
La Consejería se compromete y abre una consulta pública
El CERMI Comunidad de Madrid ha elevado su preocupación a Carlos Izquierdo, Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, y a Jorge Jiménez de Cisneros, Director General de Atención a Personas con Discapacidad.
Entre los frutos de la reunión, se encuentra la apertura de una consulta pública sobre el proyecto que estará habilitada hasta el 13 de febrero y tras la cual se prevé, según las bases establecidas por la consejería, se reformule la gestión de aquellos proyectos que han quedado al margen de la convocatoria.
Source: FEDER
